¿Quién domina a quién?

¿Quién domina a quién?

Es por demás innegable que en las últimas semanas ha crecido una cierta preocupación en la opinión pública por el rumbo que el país debe tomar para superar los adeudos en distintos ordenes de convivencia y desarrollo entre aquello que se llamaba Estado y aquello otro que se definía sociedad. Pareciera como si en México la democracia hubiera abierto una caja de Pandora cargada de más negativas que proposiciones. De aquí pues, la crítica ( “¡fascistas!” gritan unos; “¡mano dura!” responden otros) que se ha estado expresando respecto a la actuación del gobierno federal frente a temas tan delicados como el tráfico de drogas, la recuperación de la seguridad en el territorio nacional (léase Michoacán, Tijuana, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etcétera), la visibilidad insistente de los militares en funciones que, vale recordar, son de su estricta competencia, y que nos llevan a preguntarnos: ¿y todo ello, con qué fin o para qué? Es decir, ¿cuál es la razón de ser de una estrategia tan agresiva y coordinada (incluidas las extradi ciones de algunos de los más famosos y temibles capos mexicanos hacia Estados Unidos)?
El problema de fondo es la urgente necesidad de los poderes del Estado para neutralizar el dominio de una permanente situación de acoso y chantaje por parte de grupos y organizaciones ilegales que han capturado precisamente algunas “zonas libres” dejadas por el Estado mexicano. Ahora bien, este es paradójicamente uno de los temas centrales de la consolidación democrática: ¿quién neutraliza a quién?, ¿quién domina a quién?, ¿y por qué? Aquí, en el caso que nos ocupa, entran los partidos políticos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los medios de comunicación, las instituciones de seguridad pública, y sobre todo y ante todo, el mercado de la ilegalidad: verdadero punto de convergencia del asunto.
Al respecto, vale la pena acotar y subrayar que las redes y sistemas informales e ilegales que se tejen en el interior de una nación, pueden volverse con el tiempo una causa potencial, pero a veces no suficiente, para indicar las probables direcciones de la debilidad institucional y social de un sistema legal como es el mexicano. Esto es lo que ha faltado puntualizaren la discusión pública en los últimos dos meses.
Más aún, cuando lo que se ha pretendido sencillamente es llevar de nueva cuenta a la normalización institucional a este país después de haber pasado la tormenta de un año excesivamente cargado en términos políticos. Sin embargo, la normalización va de la mano también con la normalización de poderes de hecho que se han desarrollado en modo paralelo y en el interior de las instituciones públicas del país (comenzando con las policías locales), y que por desgracia, desean institucionalizarse en la nueva estación política del país.
Lo anterior nos lleva a concluir que los virajes continuos en términos de decisión política son el precio por pagar para garantizar el desarrollo de un complejo sistema político que obtiene su resguardo en un Estado golpeado y secuestrado por los caprichos de la clase dirigente que no ha estado a la altura de las vicisitudes que la república ha requerido. Por otra parte, es un Estado caracterizado por una creciente fragmentación organizacional sobre la cual nuestro régimen político funciona. Por ello, los costos sociales —sobre todo los más visibles, como la violencia han obligado al gobierno federal a cambiar continuamente de dirección (por ejemplo, en los casos del precio de la leche y la tortilla). Es el juego que nos ha tocado en este inicio de sexenio. Veamos en qué termina.