Caracas, 3 de noviembre. Miles de personas se manifestaron hoy en favor y en contra de la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, con la que busca avanzar hacia una revolución socialista, luego de que fue sancionada por la Asamblea Nacional y será sometida a referendo el 2 de diciembre próximo.
Grupos opositores se concentraron en Caracas para rechazar la enmienda, convocados por el llamado Comando Nacional de la Resistencia y partidos pequeños, como Acción Democrática (AD), Bandera Roja y Alianza Bravo Pueblo, entre otros, los cuales anunciaron movilizaciones en los próximos días.
En contraposición, tanto en esta capital como en algunas ciudades del país, simpatizantes del presidente Chávez salieron a las calles, ataviados con vestimenta roja, y emprendieron movilizaciones y caravanas en vehículos en respaldo a la iniciativa, que plantea cambios a 69 de los 350 artículos de la Carta Magna.
Los partidarios del mandatario anunciaron para este domingo una gran marcha en Caracas, con la que iniciarán la campaña en favor de la modificación. El texto fue aprobado el viernes por el Congreso y entregado de inmediato al Consejo Nacional Electoral, que desde anoche convocó a la consulta popular.
La marcha por el sí terminará con una concentración en la céntrica avenida Bolívar, tradicional punto de llegada de los partidarios del gobierno. “Este domingo se desatará el huracán bolivariano en apoyo a los cambios al texto constitucional”, aseveró el ministro de Información y Comunicación, William Lara.
El funcionario, quien se abstuvo de anunciar si Hugo Chávez asistirá al acto para hablar con los venezolanos, llamó a la gente a participar en lo que, dijo, será una “fiesta democrática”. No obstante, manifestó que para dar relevancia a la marcha el gobernante suspenderá su programa de radio y televisión Aló presidente.
Por su parte, opositores a la enmienda constitucional recibieron con gritos y aplausos a una delegación de estudiantes que han tomado la estafeta, ante la pérdida de influencia de los partidos de derecha. Uno de los oradores llamó a resistir el proyecto, que busca instaurar un sistema socialista.
El líder de AD, Henry Ramos, señaló que partidos de oposición están llamando a participar en el referéndum con la idea de que en 2013, cuando Chávez termine su mandato, tendrán una oportunidad electoral. Sin embargo, aseguró, “se equivocan”, porque “lo que se avecina es una tiranía”.
En ese contexto, 72 profesores disidentes cubanos rechazaron también los planes del mandatario venezolano de “perpetuarse en el poder”, y se solidarizaron con los estudiantes venezolanos que han salido a protestar.
En Dallas, Texas, el vicepresidente estadunidense Dick Cheney confundió a los venezolanos con los peruanos, al declarar que “la gente de Perú merece mejor suerte” que la que obtendría con el presidente Hugo Chávez, al confundir el origen del mandatario venezolano, cuando participaba en un acto del Consejo de Asuntos Mundiales, reportó la BBC.
lunes, 5 de noviembre de 2007
EU desmantelará una planta nuclear de Corea del Norte
Tokio. Un equipo de técnicos estadunidenses iniciará el lunes el proceso de desmantelamiento de la planta de producción de plutonio de Yongbyon, Corea del Norte, informó el enviado diplomático de Washington, Christopher Hill. Según funcionarios de Estados Unidos, Corea del Norte tiene unos 50 kilos del material radiactivo, que de acuerdo con expertos es una cantidad suficiente para fabricar de seis a ocho bombas atómicas. El desmantelamiento de las instalaciones fue pactado en febrero por Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur. Pyongyang debe entregar también un informe completo de su material fisible y el programa de armas nucleares antes de fin de año. según acuerdo con China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos.
Se busca legalizar cacicazgos en el sindicato telefonista, señalan
La Red Nacional Telefonista (RNT) señaló que las reformas a los estatutos del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) que promueve el líder de éste, Francisco Hernández Juárez, “legalizan y perpetúan la antidemocracia al acentuar la centralización del poder en la figura del secretario general; profundizan el autoritarismo y concentran en pocas manos la aplicación de justicia”.
Las modificaciones –en proceso de votación desde hace más de 10 días– “inducen la propagación de los cacicazgos sindicales al permitirse la relección de prácticamente todas las estructuras gremiales, y en vez de fijar una política agresiva de crecimiento de la plantilla de telefonistas mediante la contratación de personal de nuevo ingreso, se castiga a los jubilados con el pago de cuotas que, aunque menores a 2.5 por ciento de los activos, son sobre el equivalente al salario integrado”.
Lo anterior es expuesto en el documento Informe de la convención extraordinaria del 29 y 30 de septiembre, en el cual se afirma que con los cambios el secretario general “podrá nombrar los comisionados que juzgue necesarios para apoyar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a las comisiones de trabajo, y también podrá nombrar a los sustitutos, lo cual legaliza el dedazo y confiere gran poder” a ese dirigente.
Las modificaciones –en proceso de votación desde hace más de 10 días– “inducen la propagación de los cacicazgos sindicales al permitirse la relección de prácticamente todas las estructuras gremiales, y en vez de fijar una política agresiva de crecimiento de la plantilla de telefonistas mediante la contratación de personal de nuevo ingreso, se castiga a los jubilados con el pago de cuotas que, aunque menores a 2.5 por ciento de los activos, son sobre el equivalente al salario integrado”.
Lo anterior es expuesto en el documento Informe de la convención extraordinaria del 29 y 30 de septiembre, en el cual se afirma que con los cambios el secretario general “podrá nombrar los comisionados que juzgue necesarios para apoyar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a las comisiones de trabajo, y también podrá nombrar a los sustitutos, lo cual legaliza el dedazo y confiere gran poder” a ese dirigente.
Campaña mediática del gobierno en favor de los culpables de la masacre de Acteal
El Estado mexicano “es responsable de la masacre de Acteal”, según se desprende de las denuncias, investigaciones y diligencias emprendidas por los sobrevivientes del ataque paramilitar del 22 de diciembre de 1997 y sus representantes legales, y de los numerosos hechos previos relacionados que condujeron a la muerte de decenas de indígenas y el desplazamiento de miles más en el municipio de Chenalhó, Chiapas, a partir del 19 de agosto de 1996, cuando fueron asesinados seis jóvenes bases de apoyo del EZLN (las primeras víctimas), y durante la segunda mitad de 1997.
La sociedad civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) han asumido desde entonces la defensa de los sobrevivientes, efectuando todos los procedimientos para que se ejerza justicia contra los autores materiales e intelectuales de la violencia que asoló el territorio tzotzil hace ya 10 años.
De acuerdo con Las Abejas y el CDHFBC, los acontecimientos fueron responsabilidad del Estado mexicano por acción, “porque la masacre fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno”.
Además, hubo responsabilidad por omisión, “porque mientras ocurría la masacre, la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación, y porque autoridades del gobierno de Chiapas fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia”.
En un reporte jurídico dado a conocer este jueves, el CDHFBC destaca asimismo la responsabilidad gubernamental por dilación y denegación de justicia, “porque ha negado el derecho de conocer la verdad de los hechos, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente”.
También porque los recursos legales interpuestos “han resultado totalmente ineficaces”. A 10 años de la masacre, aún hay causas penales abiertas, y los juicios se han extendido excesivamente, lo que ha desgastado a los familiares y testigos, precisa el informe.
A esto se añade que los autores intelectuales no han sido castigados, aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y “no han sido tomadas las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares”. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes condena a uno de los acusados a pagar reparación del daño a los familiares de los extintos.
El caso ha llevado un seguimiento internacional, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2005 fue presentada ante la CIDH la petición contra el Estado mexicano por la masacre ocurrida en Acteal. Los peticionarios fueron sobrevivientes y lesionados de la masacre, familiares de las personas fallecidas, la sociedad civil Las Abejas a través de su mesa directiva y el CDHFBC, organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. En marzo de 2005, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH informó que la petición había sido recibida “y que se encontraba bajo estudio para posteriormente trasmitir el documento al Estado mexicano a fin de que éste emita su respuesta”.
En febrero de 2006, la CIDH informó que había trasmitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de nuestro país, fijando un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. Ahora, desde agosto del presente año, Las Abejas y el CDHFBC están en espera de que la CIDH “se pronuncie por admitir el caso para entonces pasar al estudio de fondo”.
Lejos de estar cerrado el caso, como pretendieron los sucesivos gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ahora surge una campaña jurídica y mediática, al parecer animada por el actual gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, que busca exculpar a los autores materiales de la masacre (muchos de ellos en prisión, pero no todos), y sobre todo liberar de responsabilidades al Estado mexicano. En particular se beneficiarían el ex presidente Zedillo y los funcionarios federales y mandos militares que los denunciantes consideran responsables. Esto alcanza al gobierno chiapaneco de Julio César Ruiz Ferro (1995-1998) y numerosos funcionarios suyos que renunciaron a sus cargos luego de la matanza pero que no han rendido cuentas ante la justicia federal ni los organismos internacionales competentes.
La sociedad civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) han asumido desde entonces la defensa de los sobrevivientes, efectuando todos los procedimientos para que se ejerza justicia contra los autores materiales e intelectuales de la violencia que asoló el territorio tzotzil hace ya 10 años.
De acuerdo con Las Abejas y el CDHFBC, los acontecimientos fueron responsabilidad del Estado mexicano por acción, “porque la masacre fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno”.
Además, hubo responsabilidad por omisión, “porque mientras ocurría la masacre, la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación, y porque autoridades del gobierno de Chiapas fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia”.
En un reporte jurídico dado a conocer este jueves, el CDHFBC destaca asimismo la responsabilidad gubernamental por dilación y denegación de justicia, “porque ha negado el derecho de conocer la verdad de los hechos, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente”.
También porque los recursos legales interpuestos “han resultado totalmente ineficaces”. A 10 años de la masacre, aún hay causas penales abiertas, y los juicios se han extendido excesivamente, lo que ha desgastado a los familiares y testigos, precisa el informe.
A esto se añade que los autores intelectuales no han sido castigados, aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y “no han sido tomadas las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares”. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes condena a uno de los acusados a pagar reparación del daño a los familiares de los extintos.
El caso ha llevado un seguimiento internacional, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2005 fue presentada ante la CIDH la petición contra el Estado mexicano por la masacre ocurrida en Acteal. Los peticionarios fueron sobrevivientes y lesionados de la masacre, familiares de las personas fallecidas, la sociedad civil Las Abejas a través de su mesa directiva y el CDHFBC, organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. En marzo de 2005, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH informó que la petición había sido recibida “y que se encontraba bajo estudio para posteriormente trasmitir el documento al Estado mexicano a fin de que éste emita su respuesta”.
En febrero de 2006, la CIDH informó que había trasmitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de nuestro país, fijando un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. Ahora, desde agosto del presente año, Las Abejas y el CDHFBC están en espera de que la CIDH “se pronuncie por admitir el caso para entonces pasar al estudio de fondo”.
Lejos de estar cerrado el caso, como pretendieron los sucesivos gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ahora surge una campaña jurídica y mediática, al parecer animada por el actual gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, que busca exculpar a los autores materiales de la masacre (muchos de ellos en prisión, pero no todos), y sobre todo liberar de responsabilidades al Estado mexicano. En particular se beneficiarían el ex presidente Zedillo y los funcionarios federales y mandos militares que los denunciantes consideran responsables. Esto alcanza al gobierno chiapaneco de Julio César Ruiz Ferro (1995-1998) y numerosos funcionarios suyos que renunciaron a sus cargos luego de la matanza pero que no han rendido cuentas ante la justicia federal ni los organismos internacionales competentes.
Reservas del Ártico, en la mira de las grandes petroleras
Calgary, 3 de noviembre. Las grandes compañías petroleras buscan capitalizar las enormes reservas de petróleo que existen en el Ártico, aunque hasta ahora han sido incapaces de hacerlo a gran escala. Sin embargo ya ha habido adjudicación de contratos como en el caso de las firmas Imperial Oil Ltd y Exxon Mobil Corp.
En el caso de Alaska, cuyas reservas se calculan entre los 10 mil y 16 mil millones de barriles, ésta ha estado en la mira de la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien considera que la dependencia que tiene su país del petróleo de los principales países productores es un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles por día, y en los últimos meses ha puesto el grito en el cielo ante la escalada de los precios del crudo que ya rondan los 100 dólares por barril.
Los pozos en las islas árticas y en Beaufort cuentan con cerca de 708 mil millones de metros cúbicos y mil 700 millones de barriles de petróleo, según cifras del gobierno de Canadá. Imperial llamó la atención de la industria petrolera hace más de tres meses, cuando se le adjudicó un gran bloque de exploración en el mar Beaufort de Canadá tras una oferta de casi 600 millones de dólares.
Han pasado 17 años desde que Imperial, el mayor productor y refinerador de petróleo de Canadá, perforó un pozo en las heladas aguas del Ártico. Sólo una compañía más, Devon Energy Corp, ubicada en la ciudad de Oklahoma, regresó a Beaufort tras el final del auge de la exploración en el Ártico en las décadas de 1970 y 1980. Los precios récord del petróleo obligan a las grandes potencias a mirar nuevamente hacia el norte, pero ello todavía no se ha convertido en una estampida.
“Obviamente, no habríamos hecho la oferta que hicimos por el programa de trabajo si no viésemos algún potencial en la exploración a largo plazo”, dijo el vocero de Imperial, Pius Rolheiser. “Pero es altamente preliminar en su naturaleza, alto en costo y en riesgo, y hay mucho trabajo por hacer”, agregó.
En esa región sólo en una pequeña fracción alguna vez se ha producido. Otros factores más recientes han puesto al extremo norte, donde muchas compañías realizaron hallazgos en el pasado mediante la construcción de islas artificiales de grava y hielo, nuevamente en el centro de atención.
En el caso de Alaska, cuyas reservas se calculan entre los 10 mil y 16 mil millones de barriles, ésta ha estado en la mira de la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien considera que la dependencia que tiene su país del petróleo de los principales países productores es un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles por día, y en los últimos meses ha puesto el grito en el cielo ante la escalada de los precios del crudo que ya rondan los 100 dólares por barril.
Los pozos en las islas árticas y en Beaufort cuentan con cerca de 708 mil millones de metros cúbicos y mil 700 millones de barriles de petróleo, según cifras del gobierno de Canadá. Imperial llamó la atención de la industria petrolera hace más de tres meses, cuando se le adjudicó un gran bloque de exploración en el mar Beaufort de Canadá tras una oferta de casi 600 millones de dólares.
Han pasado 17 años desde que Imperial, el mayor productor y refinerador de petróleo de Canadá, perforó un pozo en las heladas aguas del Ártico. Sólo una compañía más, Devon Energy Corp, ubicada en la ciudad de Oklahoma, regresó a Beaufort tras el final del auge de la exploración en el Ártico en las décadas de 1970 y 1980. Los precios récord del petróleo obligan a las grandes potencias a mirar nuevamente hacia el norte, pero ello todavía no se ha convertido en una estampida.
“Obviamente, no habríamos hecho la oferta que hicimos por el programa de trabajo si no viésemos algún potencial en la exploración a largo plazo”, dijo el vocero de Imperial, Pius Rolheiser. “Pero es altamente preliminar en su naturaleza, alto en costo y en riesgo, y hay mucho trabajo por hacer”, agregó.
En esa región sólo en una pequeña fracción alguna vez se ha producido. Otros factores más recientes han puesto al extremo norte, donde muchas compañías realizaron hallazgos en el pasado mediante la construcción de islas artificiales de grava y hielo, nuevamente en el centro de atención.
Denuncia Correa actitudes oligopólicas de cementeras extranjeras en Ecuador
Quito, 3 de noviembre. El presidente de Ecuador, el socialista Rafael Correa, denunció actitudes oligopólicas de las empresas Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia), que dominan la industria del cemento en el país, e insistió en que impulsa una ley para castigar esas prácticas. “Tenemos cemento extremadamente caro, y esto da indignación. Holcim nos vende un cemento carísimo; calculamos que tiene un índice de rentabilidad de 100 por ciento”, denunció el mandatario en su programa semanal de radio.
Rafael Correa instó a la próxima asamblea constituyente, de amplia mayoría oficialista, a eliminar los fondos de ahorro del petróleo y a reducir las barreras a las reservas del Banco Central para estimular la inversión pública.
También advirtió que su gobierno se alejará del BID y la CAF en caso de que no respondan a los intereses nacionales como lo hiciera con el FMI y el BM, a los cuales tilda de “burocracia internacional indeseable”.
Añadió que su gobierno presentará un proyecto de ley que “castigue las prácticas monopólicas y anticompetitivas, que Ecuador no tiene” ante una asamblea de plenos poderes, elegida el 30 de septiembre al ser promovida por Correa para redactar una nueva Constitución.
Correa señaló que la industria en manos de Holcim era del Estado y que en la década de 1990 fue adquirida “a precio de gallina enferma” por grupos del puerto de Guayaquil (suroeste) vinculados con partidos políticos.
“Al año se la vendieron a Holcim, que nos hace esta práctica oligopólica junto con Lafarge”, que compró otra empresa estatal, dijo el gobernante. “No permitiremos que grupos oligopólicos manejen precios tan claves como del cemento”, apuntó. El quintal de cemento cuesta alrededor de seis dólares en Ecuador.
Los fondos petroleros
“Esos fondos (...) tendrán que ser derogados por la asamblea. (La) Reserva monetaria en dolarización no sirve para nada”, expresó el presidente ecuatoriano. Correa indicó que esos fondos serían usados para estimular la producción nacional. El mandatario no detalló si quería disolver los cuatro fondos de ahorro que reúnen más de mil millones de dólares y están destinados principalmente a la inversión energética y de infraestructura.
El Banco Central informó la semana pasada que sus reservas de dólares aumentaron a 3 mil 900 millones de dólares.
Se prevé que la asamblea de 130 miembros comenzará este mes un debate sobre cambios a la Constitución, el que duraría seis meses.
Correa también reiteró sus planes de afinar el Ministerio de Economía y convertirlo en un Ministerio de Tesorería que maneje solamente el presupuesto nacional y el crédito público.
No está claro si los cambios sugeridos reducirán la influencia del ministro de Economía, Fausto Ortiz, un pragmatista respetado por los inversionistas extranjeros, quienes se han mostrado cautelosos ante el compromiso del Gobierno a restructurar la deuda externa del país.
La reforma constitucional de Correa busca viabilizar el “socialismo del siglo XXI” y acabar con la hegemonía de los partidos tradicionales.
La conformación de la asamblea constituyente surgió de unos comicios realizados a finales de septiembre.
Correa y sus asambleístas tendrán la capacidad de aprobar las reformas sin el apoyo de ninguna otra fuerza, hecho inédito en la historia reciente de un país en el que los presidentes han tenido que lidiar con poderosas oposiciones, lo que ha bloqueado sus iniciativas y desatado la ira popular.
Rafael Correa instó a la próxima asamblea constituyente, de amplia mayoría oficialista, a eliminar los fondos de ahorro del petróleo y a reducir las barreras a las reservas del Banco Central para estimular la inversión pública.
También advirtió que su gobierno se alejará del BID y la CAF en caso de que no respondan a los intereses nacionales como lo hiciera con el FMI y el BM, a los cuales tilda de “burocracia internacional indeseable”.
Añadió que su gobierno presentará un proyecto de ley que “castigue las prácticas monopólicas y anticompetitivas, que Ecuador no tiene” ante una asamblea de plenos poderes, elegida el 30 de septiembre al ser promovida por Correa para redactar una nueva Constitución.
Correa señaló que la industria en manos de Holcim era del Estado y que en la década de 1990 fue adquirida “a precio de gallina enferma” por grupos del puerto de Guayaquil (suroeste) vinculados con partidos políticos.
“Al año se la vendieron a Holcim, que nos hace esta práctica oligopólica junto con Lafarge”, que compró otra empresa estatal, dijo el gobernante. “No permitiremos que grupos oligopólicos manejen precios tan claves como del cemento”, apuntó. El quintal de cemento cuesta alrededor de seis dólares en Ecuador.
Los fondos petroleros
“Esos fondos (...) tendrán que ser derogados por la asamblea. (La) Reserva monetaria en dolarización no sirve para nada”, expresó el presidente ecuatoriano. Correa indicó que esos fondos serían usados para estimular la producción nacional. El mandatario no detalló si quería disolver los cuatro fondos de ahorro que reúnen más de mil millones de dólares y están destinados principalmente a la inversión energética y de infraestructura.
El Banco Central informó la semana pasada que sus reservas de dólares aumentaron a 3 mil 900 millones de dólares.
Se prevé que la asamblea de 130 miembros comenzará este mes un debate sobre cambios a la Constitución, el que duraría seis meses.
Correa también reiteró sus planes de afinar el Ministerio de Economía y convertirlo en un Ministerio de Tesorería que maneje solamente el presupuesto nacional y el crédito público.
No está claro si los cambios sugeridos reducirán la influencia del ministro de Economía, Fausto Ortiz, un pragmatista respetado por los inversionistas extranjeros, quienes se han mostrado cautelosos ante el compromiso del Gobierno a restructurar la deuda externa del país.
La reforma constitucional de Correa busca viabilizar el “socialismo del siglo XXI” y acabar con la hegemonía de los partidos tradicionales.
La conformación de la asamblea constituyente surgió de unos comicios realizados a finales de septiembre.
Correa y sus asambleístas tendrán la capacidad de aprobar las reformas sin el apoyo de ninguna otra fuerza, hecho inédito en la historia reciente de un país en el que los presidentes han tenido que lidiar con poderosas oposiciones, lo que ha bloqueado sus iniciativas y desatado la ira popular.
Ofrece Calderón amnistía fiscal a Tabasco
Villahermosa, Tab. El presidente Felipe Calderón anunció que el gobierno federal prepara un programa de amnistía fiscal para superar la etapa crítica que vive el estado de Tabasco, además de que analizará absorber 50 por ciento de la deuda del estado con la Comisión Federal de Electricidad, que asciende a 3 mil 100 millones de pesos.
Al encabezar la reunión de evaluación en la zona de las últimas 24 horas, el mandatario expresó su deseo de que esta tragedia una a los tabasqueños y a México y no sea “usufructo político”, porque –dijo- aquí no debe intervenir ni bandera ni ideología.
Antes, el titular del Ejecutivo manifestó que "México acepta la ayuda del mundo" para más de un millón de personas afectadas por las severas inundaciones en el estado de Tabasco".
"México acepta la solidaridad y ayuda del mundo", apuntó el mandatario al llegar por tercera ocasión a Villahermosa, la capital tabasqueña, para continuar con la supervisión de los trabajos de auxilio para la población.
Previamente, en el puerto de Acapulco, donde encabezó la ceremonia de graduación de 96 guardamarinas, el mandatario expresó que "hoy más que nunca es imperativo dejar a un lado las discrepancias y los intereses parciales para salvaguardar el interés de la nación que se expresa precisamente en el interés de salvaguardar a la población de Tabasco".
Para recibir donativos, el gobierno mexicano abrió varias cuentas bancarias en Estados Unidos, además de que "todas las embajadas y Consulados de México en el exterior han sido instruidas para mantener un estrecho contacto con las comunidades mexicanas y dar puntual seguimiento y atención a los ofrecimientos de apoyo que se están recibiendo", detalló un comunicado de la Cancillería.
A su vez, el gobierno de Estados Unidos donará 300 mil dólares para los damnificados de Tabasco, informó a la prensa mexicana la portavoz de la embajada estadunidense en México, Judith Bryan.
En tanto, durante el acto en Acapulco, Calderón Hinojosa además de felicitar a los nuevos marinos por concluir con su preparación, les recordó que la tarea de la Secretaría de Marina (Semar) nes brindar auxilio y protección a los civiles, además de garantizar el estado de derecho en la mar y salvaguardar la soberanía de mares y costas.
En este sentido, dijo, la Semar no ha sido la excepción en las labores que se realizan en Tabasco. Asimismo, les recordó que luego los nuevos marinos serán requeridos para sumarse a las labores de auxilio.
El titular del Ejecutivo llamó entonces a dejar de lado las discrepancias y los intereses parciales para enfocar todos los esfuerzos de solidaridad y auxiliar a la población afectada por las inundaciones en Tabasco.
Dijo que Tabasco requiere el auxilio de los mexicanos, de las Fuerzas Armadas y de todo el mundo para hacer frente a la situación de desastre que se vive en la entidad, pues la adversidad sólo puede superarse con la generosidad de los gobiernos federal y local; y del pueblo.
Al encabezar la reunión de evaluación en la zona de las últimas 24 horas, el mandatario expresó su deseo de que esta tragedia una a los tabasqueños y a México y no sea “usufructo político”, porque –dijo- aquí no debe intervenir ni bandera ni ideología.
Antes, el titular del Ejecutivo manifestó que "México acepta la ayuda del mundo" para más de un millón de personas afectadas por las severas inundaciones en el estado de Tabasco".
"México acepta la solidaridad y ayuda del mundo", apuntó el mandatario al llegar por tercera ocasión a Villahermosa, la capital tabasqueña, para continuar con la supervisión de los trabajos de auxilio para la población.
Previamente, en el puerto de Acapulco, donde encabezó la ceremonia de graduación de 96 guardamarinas, el mandatario expresó que "hoy más que nunca es imperativo dejar a un lado las discrepancias y los intereses parciales para salvaguardar el interés de la nación que se expresa precisamente en el interés de salvaguardar a la población de Tabasco".
Para recibir donativos, el gobierno mexicano abrió varias cuentas bancarias en Estados Unidos, además de que "todas las embajadas y Consulados de México en el exterior han sido instruidas para mantener un estrecho contacto con las comunidades mexicanas y dar puntual seguimiento y atención a los ofrecimientos de apoyo que se están recibiendo", detalló un comunicado de la Cancillería.
A su vez, el gobierno de Estados Unidos donará 300 mil dólares para los damnificados de Tabasco, informó a la prensa mexicana la portavoz de la embajada estadunidense en México, Judith Bryan.
En tanto, durante el acto en Acapulco, Calderón Hinojosa además de felicitar a los nuevos marinos por concluir con su preparación, les recordó que la tarea de la Secretaría de Marina (Semar) nes brindar auxilio y protección a los civiles, además de garantizar el estado de derecho en la mar y salvaguardar la soberanía de mares y costas.
En este sentido, dijo, la Semar no ha sido la excepción en las labores que se realizan en Tabasco. Asimismo, les recordó que luego los nuevos marinos serán requeridos para sumarse a las labores de auxilio.
El titular del Ejecutivo llamó entonces a dejar de lado las discrepancias y los intereses parciales para enfocar todos los esfuerzos de solidaridad y auxiliar a la población afectada por las inundaciones en Tabasco.
Dijo que Tabasco requiere el auxilio de los mexicanos, de las Fuerzas Armadas y de todo el mundo para hacer frente a la situación de desastre que se vive en la entidad, pues la adversidad sólo puede superarse con la generosidad de los gobiernos federal y local; y del pueblo.
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