Una de las tareas pendientes para el desarrollo de la educación en nuestro país es la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Constituye una paradoja trágica que la organización laboral de los encargados en primera instancia de llevar adelante el proceso educativo, se caracterice por la reproducción de las peores prácticas de una organización sindical: antidemocracia, charrismo, verticalismo represivo, corporativismo y un largo etcétera.
El que los maestros que deben enseñar —entre otras cosas— la historia patria y los valores cívicos o, poniéndolo en el argot de moda, el que los trabajadores de la educación responsables de desarrollar en los estudiantes el aprendizaje de competencias para la convivencia ciudadana, sean los mismos sujetos que han sido incapaces de darse formas democráticas en su organización laboral, constituye un aparente sinsentido que el sistema político mexicano posrevolucionario generó. Dados los amarres políticos con la maestra Elba Esther Gordillo con los que llega el gobierno de Felipe Calderón, este punto cae notoriamente en el difuso espacio del deber ser, alejándose completamente de su posibilidad efectiva de llevarse a cabo.
Asimismo, es necesaria la realización de una reforma profunda que modifique la organización y estructura del espacio escolar. Hasta ahora, las reformas en educación se restringen por lo general al ámbito de los planes y programas de estudio. Sin embargo, la estructura escolar que habría de implementar aquellos nuevos enfoques y contenidos no cambia, al contrario. Los esquemas de formación tendrían que involucrar necesariamente la posibilidad de que los maestros(as) participen y se ejerciten en la toma de decisiones y responsabilidades que la adultez democrática implica.
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